Facundo Mancebo, Defensor del Pueblo de Lanús e integrante de la Comisión Directiva de ADPRA, sostuvo que “es indispensable que el Estado garantice una protección real, efectiva y respetuosa para las personas con discapacidad, especialmente frente a decisiones que restringen derechos y profundizan desigualdades”.

El Decreto 843/2024 reinstala un enfoque médico-rehabilitador superado, contradiciendo el paradigma de derechos consagrado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Al condicionar el acceso a beneficios a la inexistencia de familiares obligados a prestar alimentos, y al mantener criterios restrictivos para definir la incapacidad laboral, se vulnera el principio de autonomía e inclusión. La eliminación de la compatibilidad entre pensiones y empleos de baja remuneración profundiza aún más la exclusión social.

ADPRA también cuestiona la Disposición 187/2025 de la ANDIS, que, pese a haber sido modificada, sigue sosteniendo una visión reduccionista, centrada en criterios estrictamente médicos y alejados del enfoque de derechos.

Se suma a este escenario la implementación de auditorías masivas sin información clara ni mecanismos accesibles, que ya derivaron en suspensiones injustificadas de pensiones, afectando a personas en situación de alta vulnerabilidad. La falta de articulación institucional, la inaccesibilidad del Certificado Médico Digital y la ausencia de oficinas territoriales agravan la situación.

ADPRA advierte especialmente sobre el impacto de estas medidas en niñas, niños y adolescentes con discapacidad, quienes requieren un enfoque reforzado por su doble condición de vulnerabilidad.

En este contexto, la Asociación plantea una serie de exigencias concretas: garantizar un trato digno y libre de discriminación; establecer procesos administrativos accesibles, razonables y transparentes; derogar el Decreto 843/24; restituir la compatibilidad entre pensiones y empleo formal; reabrir las oficinas territoriales y normalizar los sistemas de atención; y adoptar medidas reforzadas para la protección de niñas, niños y adolescentes con discapacidad.