En una nueva sesión de la Cámara de Diputados bonaerense, los legisladores convirtieron en Ley dos normas que amplían la protección a las personas con discapacidad en la provincia. Por un lado, se aprobó la adhesión a la Ley Nacional 26.816 que establece el Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad y a su decreto reglamentario. Por otro, la adhesión a la Ley Nacional 24.901, que regula el Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a favor de las personas con discapacidad.

La sanción de ambas normas, que lograron amplio consenso, fue puesta en contexto y celebrada por los distintos bloques y las organizaciones, que acompañaron desde los palcos. Así, el presidente del bloque del PTS-FIT, Christian Castillo, destacó que "la adhesión va en sintonía con los reclamos del colectivo de la discapacidad, uno de los sectores más atacados por la motosierra de Milei y que ha mostrado una capacidad de lucha extraordinaria".

El legislador aprovechó para recordar los 18 procesados por las denuncias de coimas en el ANDIS: "esa es la perversión de lo que estamos viviendo en el sector de discapacidad, una de las cosas más obscenas que puede hacer un gobierno" condenó. También José Andrés de Leo, que encabeza el bloque de la Coalición Cívica, celebró la votación y recordó que él mismo presentó en el Senado la adhesión en 2016, durante el gobierno de Maria Eugenia Vidal, pero no logró ser sancionada. "El argumento era que no había recursos para contemplar los beneficios que brinda esta ley. Diez años pasaron", lamentó.

En otro orden, obtuvo media sanción el proyecto presentado por la diputada Mayra Mendoza conocido como "Ley Ema". Víctima de violencia por motivos de género en entornos digitales, Ema, una adolescente de la provincia de Buenos Aires, decidió quitarse la vida en agosto de 2024 después de sufrir la difusión no consentida y viralización de imágenes íntimas en el colegio al que asistía. Desde ese momento Laura Sánchez, su madre -que acompañó el debate desde el palco- junto a distintas organizaciones especializadas en la prevención y erradicación de las violencias digitales contra niños, niñas y adolescentes, comenzaron a trabajar para la sanción de este marco jurídico.

La norma, que ahora debe ser tratada por el Senado, establece los lineamientos para la prevención, detección y abordaje integral de la violencia digital en todos los niveles del sistema educativo provincial. El texto define como "violencia digital a toda acción, omisión o conducta cometida, instigada o agravada por el uso de tecnologías de la información y comunicación y cause daño físico, psicológico, sexual, económico, patrimonial o moral, incluyendo la difusión no consentida de material íntimo, el hostigamiento, la extorsión y la suplantación de identidad". Además, incorpora un artículo a la Ley de Educación Provincial a fines de que se brinde formación integral de ciudadanía digital y establece el marco general de contenidos, la incorporación de protocolos específicos que garanticen el cese de la vulneración, el resguardo de las pruebas y el acompañamiento de los Equipos de Orientación Escolar, y la capacitación obligatoria específica para todo el personal del sistema educativo.

"Vivimos mediados por las pantallas y las consecuencias de las pantallas en nuestras vidas. La sociedad nos está mirando para ver qué hacemos desde la política con estos temas", aseguró Mayra Mendoza. Algunos nos encargamos de buscar la forma de sancionar leyes para proteger a las infancias, mientras otros le dan la espalda o alimentan las granjas de trolls" disparó la diputada. Por su parte, Luciana Padulo, que es autora de diversos proyectos sobre ciberbullying ya aprobados por el cuerpo, hizo hincapié en los esfuerzos que "hace muchos años realizan las corporaciones, tratando de frenar que nosotros podamos regular lo que sucede en la red. Hay un montón de corporaciones dedicadas a deshumanizarnos, a que seamos reactivos y respondamos a sus intereses".

En esa misma línea continuó Padulo a la hora de fundamentar el proyecto de su autoría que regula el uso de la imagen de niños, niñas y adolescentes en el ámbito escolar. La norma aprobada legisla la imagen que utilicen las instituciones educativas. Así, obliga a los establecimientos educativos a adoptar un formulario de autorización a los establecimientos escolares que debe explicitar la opción de pixelar la imagen, distorsionar la voz y ocultar cualquier otro signo identificatorio en publicaciones que impliquen el uso de una red social.

“Las corporaciones, por defecto, hacen públicas las publicaciones. Si queremos que sean privadas, debemos ocuparnos, cosa que mucha gente no sabe. Nos parece entonces muy importante que podamos proteger a nuestros hijos, que sin querer estas publicaciones se la dan servida a los pedófilos que están ocultos en las redes, esperando para ‘pescar’ chicos y chicas”. La legisladora agradeció el acompañamiento y consideró “un gran equívoco” no haber regulado hasta ahora las redes sociales de los establecimientos educativos, que son más de 15 mil en la provincia. “Muchas veces no nos damos cuenta que con nuestras publicaciones estamos poniendo en peligro a nuestros niños mostrando lo que hacen” valoró.

Con mucho debate se aprobó también un proyecto que busca promover y garantizar el principio de no discriminación. El texto, impulsado por el vicepresidente del cuerpo, Alexis Guerrera, tiene entre sus objetivos principales generar medidas de protección, sancionar, y eliminar todas las formas de discriminación a partir de la implementación y el desarrollo de las políticas públicas inclusivas que fomenten el respeto por la diversidad, garanticen el acceso a la justicia y generen condiciones para la erradicación de la xenofobia y el racismo.

"Todas las leyes que protegen derechos, entre ellas las que hoy estamos tratando, necesitan que ante su vulneración y fundamentalmente cuando se trata de minorías, exista un marco regulatorio que indique cómo proceder ante la discriminación, que muchas veces puede provenir del mismo Estado" expresó el diputado."La igualdad ante la ley, que tiene rango constitucional, si no es acompañada por herramientas que indiquen cómo proceder ante determinados actos termina siendo sólo y meramente una declaración de buenas intenciones". El legislador retomó también la problemática de la violencia digital.

"Es un tiempo en el que también desde la política hay una bajada de línea constante, desde las redes, las granjas de trolls y la palabra pública donde muy livianamente se discrimina y rotula de manera permanente y negativa. Tener en la provincia una ley antidiscriminación le va a brindar a todos aquellos que se sienten vulnerados un camino por dónde transitar en la defensa de sus derechos". Christian Castillo manifestó la adhesión de su bloque y recordó que el "desde la máxima autoridad del Estado argentino se dio la directiva de votar en la Organización de las Naciones Unidas en contra de considerar la esclavitud como un crimen de Lesa Humanidad en virtud del cual los Estados esclavistas tendrían que pagar reparaciones a los esclavizados", al tiempo que puso de relieve que tras la reforma laboral implementada por el gobierno nacional los despidos por discriminación dejaron de estar limitados.

"Esto es insólito, hoy en cualquier ámbito de la vida social se prueba la discriminación y hay reparación, menos en el ámbito laboral. Por eso esta ley viene a dar un instrumento en la provincia a trabajadores y trabajadoras para reclamar su restitución el puesto de trabajo". Sofía Vanelli, por su parte, aseguró que con esta norma "la provincia de Buenos Aires se pone a la vanguardia y va a transformar y mejorar el acceso a la justicia para muchos colectivos que hoy viven discriminación abierta en sus comunidades y necesitan del amparo del poder judicial".

También se convirtió en Ley el proyecto del senador Federico Fagioli que busca garantizar de manera integral y efectiva los derechos humanos en las personas en situación de calle y en riesgo de estarlo, una problemática que se agrava diariamente. El proyecto busca abordarla a través de políticas públicas coherentes, multidimensionales y en todo el territorio provincial, con articulación con los gobiernos locales. El texto encomienda al poder ejecutivo el desarrollo de programas y acciones destinadas a la protección y asistencia a estas personas en situación de extrema vulnerabilidad de una manera eficaz y oportuna.

Distintas personalidades de la provincia fueron también destacadas por sus trayectorias. Tal es el caso de los jugadores de la Selección Nacional de Fútbol nacidos en territorio bonaerense como Alejandro Tagliafico, Valentín Barco, Rodrigo de Paul, Thiago Almada, Lautaro Martínez, Enzo Fernández y Leandro Paredes, entre otros. Un reconocimiento del mismo tenor tuvieron el humorista Ricardo "Gato" Peters, al automovilista Juan Manuel Fangio y el historiador Félix Luna, entre otros, que fueron declarados Ciudadanos Destacados.

Fuente Diputados BA