Esta determinación, alcanzada en el marco del Consejo Provincial de Discapacidad (COPRODIS) se fundamenta en la imposibilidad de avalar un espacio que, en su funcionamiento actual, desconoce la representatividad federal, desoye los mandatos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y sostiene políticas que vulneran de manera sistemática derechos esenciales.

La subsecretaria provincial de Políticas Sociales, Bernarda Meglia, en este marco afirmó que “siguiendo el mandato del gobernador Axel Kicillof, sostenemos con firmeza que los derechos de las personas con discapacidad no se negocian” y expresó: “no se puede legitimar un ámbito que ha dejado de ser una herramienta de construcción federal de políticas públicas y se ha convertido en una instancia meramente formal, sin incidencia real, mientras en el territorio se profundiza el desmantelamiento de derechos”.

En el último año, el Gobierno Nacional ha impulsado un ajuste sin precedentes en materia de discapacidad, cuyas medidas más graves incluyen:

    •    Auditorías masivas a las Pensiones No Contributivas sin garantías de debido proceso, sin accesibilidad ni apoyos, y aplicando criterios regresivos reinstalados por el Decreto 843/24.

    •    Suspensión de más de 110.000 pensiones y riesgo de baja de hasta el 36,5% del padrón, afectando ingresos vitales y la cobertura del Programa Incluir Salud.

    •    Recorte presupuestario del 19,3% en la Agencia Nacional de Discapacidad, desmantelando programas, equipos técnicos y órganos consultivos, incluido el propio COFEDIS, cuyo funcionamiento nulo o esporádico ha cerrado los canales de diálogo.

    •    Veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, negando herramientas para recomponer aranceles, garantizar prestaciones básicas y compatibilizar pensiones con empleo.

    •    Falta de actualización del Nomenclador de Prestaciones, provocando el cierre o reducción de servicios de transporte, terapias, hogares, centros de día y talleres protegidos.

En reiteradas oportunidades, las provincias y las organizaciones de personas con discapacidad presentaron documentos, mociones y propuestas que, aun siendo aprobadas por mayoría en asambleas anteriores, fueron sistemáticamente desestimadas o ignoradas por la autoridad nacional.

Por su parte, el director de Promoción de Derechos de Personas con Discapacidad de la Provincia, Raúl Lucero, afirmó: “Hoy más que nunca necesitamos un COFEDIS federal, representativo y de participación real, que garantice el cumplimiento de la Convención y no sea una herramienta vacía de contenido”. “No podemos participar de un espacio que desconoce la representatividad, desoye la Convención y avala políticas que vulneran derechos esenciales”, concluyó.

Desde la Provincia de Buenos Aires se convoca a todas las jurisdicciones, organizaciones y actores sociales a rechazar estas políticas regresivas y a trabajar en un frente común para restituir el sentido del COFEDIS como espacio colaborativo, representativo y garante de los compromisos asumidos por nuestro país en materia de derechos humanos.