Fue en el marco del análisis de los Decretos de Necesidad y Urgencia 493 y 494/2025, impulsados por el Poder Ejecutivo Nacional.

En representación de la Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), Mancebo manifestó su preocupación institucional, jurídica y social ante el contenido de ambos decretos, los cuales modifican el régimen legal del servicio de agua potable y saneamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires, afectando directamente la organización y funciones de AySA y del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS).

Durante su intervención, Mancebo advirtió que el DNU 493/2025 centraliza competencias clave en el Poder Ejecutivo, debilita los mecanismos de control federal y limita la participación de los usuarios, al tiempo que avanza hacia una privatización parcial del servicio. Por su parte, el DNU 494/2025 complementa ese proceso reorganizando la estructura institucional del sistema y afectando el carácter público y participativo de la gestión del agua.

En ese contexto, Mancebo realizó una fuerte crítica al rol de los entes reguladores, señalando su falta de independencia y eficacia, y cuestionó especialmente el accionar de la empresa Edesur frente a los reiterados incumplimientos en la prestación del servicio eléctrico.

Asimismo, expresó su preocupación por la pasividad de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la que señaló como ausente frente a la judicialización de normas que afectan derechos fundamentales.