El Defensor del Pueblo de Lanús, Facundo Mancebo, expresó su enérgico rechazo a la disolución del Sistema de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC), un mecanismo esencial para la resolución de controversias entre consumidores y prestadoras de servicios sin necesidad de recurrir a la vía judicial.
Mancebo enfatizó que la eliminación del COPREC genera una situación de desprotección para los consumidores, quienes pierden una vía accesible y efectiva para hacer valer sus derechos frente a empresas que incurren en incumplimientos contractuales.
“El COPREC otorgaba a los usuarios una alternativa ágil para la resolución de conflictos, sin necesidad de emprender procedimientos judiciales largos y costosos, lo que implicaba un desmedido desgaste económico y emocional”, sostuvo el Defensor.
Esta medida, que elimina un recurso fundamental de protección de los derechos del consumidor, genera una gran preocupación en relación con el acceso efectivo a la justicia para los ciudadanos frente a los posibles abusos de las empresas.
“Estamos ante un claro retroceso en la protección de los derechos de los consumidores, lo que favorece a las empresas que incumplen sus obligaciones contractuales sin consecuencias inmediatas”, agregó Mancebo.
El Defensor del Pueblo de Lanús se mostró firmemente en contra de esta disolución y advirtió que la medida atenta contra el derecho de los consumidores, especialmente de aquellos sectores más vulnerables, que son los que tradicionalmente más recurrían al COPREC para hacer valer sus derechos.
El COPREC permitía a los usuarios presentar reclamos de manera gratuita y extrajudicial ante empresas de diversos sectores, como entidades bancarias, compañías de telecomunicaciones, concesionarias de vehículos y proveedores de productos electrónicos. A través de este sistema, los consumidores podían resolver sus disputas de manera eficiente y sin los costos asociados a los procesos judiciales, lo que representaba una garantía de acceso a la justicia.
Con la disolución de este sistema, los ciudadanos se verán obligados a recurrir a la vía judicial, un camino que resulta frecuentemente inaccesible debido a los altos costos y la duración de los procedimientos.
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