La Cámara Baja provincial respaldó la iniciativa desarrollada por el Poder Ejecutivo que busca garantizar el acceso equitativo a los medicamentos, la propuesta continuará el trámite legislativo en el Senado.
La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, presidida por Alejandro Dichiara aprobó el proyecto de ley elaborado por el Poder Ejecutivo que crea el Centro de Industria Bonaerense, una empresa bajo el registro de Sociedad Anónima con participación mayoritaria del Estado provincial.
El nuevo laboratorio provincial tiene como objetivo garantizar un acceso equitativo de los medicamentos esenciales para los y las bonaerenses. El centro suministrará también vacunas, insumos, productos médicos e ingredientes farmacéuticos activos.
La iniciativa también avala el acceso a tratamientos sin que ningún ciudadano y ciudadana quede excluido por tener recursos económicos escasos.
En este sentido, uno de los que manifestaron su opinión al respecto, durante la sesión, fue el diputado Gustavo Cuervo, quien sostuvo que “se decidió acompañar este proyecto porque somos conscientes de la necesidad de aportar una solución a esta grave problemática”. El legislador apoyó la iniciativa luego de la incorporación de algunos cambios realizados por su bloque.
Otro de los expositores fue el diputado Gustavo Pulti, quien realizó una detallada comparación de precios entre los medicamentos de nuestro país con respecto a otras naciones y aseguró que “es vital ubicar esta ley en este contexto, frente a esta necesidad, y es muy importante saber que las empresas públicas prestan servicio y hacen cosas que muchas veces, incluso con razones legítimas, no se sienten obligados a hacer los privados”.
La Cámara baja también aprobó un proyecto que establece que las prestatarias de servicios públicos de jurisdicción provincial deberán garantizar el suministro de energía eléctrica, agua potable, servicios cloacales y gas a las asociaciones sin fines de lucro, el sector público, municipios, hospitales y escuelas de la provincia aun cuando se encuentren en mora o con aviso de corte.
La medida habilita a las empresas de servicios a brindar planes de pago en cuotas mensuales con el objetivo de facilitar el cumplimiento de sus obligaciones y saldar las deudas.
Al respecto, su autor, el diputado Facundo Tignanelli, aseguró que “es un proyecto de profundo sentido de justicia social, que pone igualdad entre los prestadores de servicio, el que administra el privado va a tener las mismas condiciones que el que administra el sector público”.
La Casa de Leyes bonaerense transformó en ley un proyecto que busca mejorar el cobro de la cuota alimentaria. Proveniente del Senado y bajo la autoría de la senadora Sofía Vanelli, la reciente ley reemplaza, modifica e incorpora artículos al Código Procesal Civil y Comercial.
La nueva norma brinda herramientas para facilitar los mecanismos en el cobro de la cuota alimentaria. El juez puede ordenar cualquier medida razonable para asegurar el cumplimiento de la resolución y le permite elegir el camino adecuado para su situación en procesos de obligación alimentaria, facilitando un acceso más expedito y adecuado a la justicia, y utilizan la Canasta de Crianza del INDEC o la medición adoptada por la Provincia de Buenos Aires para estimar el valor real de la cuantía alimentaria, asegurando que las cuotas reflejen los costos reales de vida y eviten la depreciación.
La diputada Ayelen Rasquetti tomó la palabra y afirmó: “Tenemos que estar contentos y contentas, porque hoy fuimos la voz de un millón de pibes de la provincia de Buenos Aires, hoy fuimos la voz de miles de mujeres, hoy no modificamos una ley, hoy cambiamos historias de vida”.
Antes del comienzo de la sesión, se le tomó juramento al diputado Guillermo Pacagnini en reemplazó a Guillermo Kane, quien renunció a su banca.
Por último, los legisladores realizaron un sentido homenaje al ex diputado nacional Héctor Recalde, de amplia trayectoria en el movimiento peronista y sindical, recientemente fallecido.
Fuente Diputados PBA
La Cámara Baja provincial respaldó la iniciativa desarrollada por el Poder Ejecutivo que busca garantizar el acceso equitativo a los medicamentos, la propuesta continuará el trámite legislativo en el Senado.